El Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) hizo público los resultados del Índice Global de Actividad Económica (IGAE), los cuales demostraron que, el sector construcción, tuvo una caída de 31% hasta el mes de julio del 2020. Esta se debe, principalmente, a la paralización de actividades a la que se sometió el país a causa de la emergencia sanitaria, aunque la falta de recursos del sector público para sostener la ejecución de proyectos también es responsable de esta situación.
Javier Arze, gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (CADECOCRUZ), explica que, el sector construcción, viene experimentando una caída desde el año 2017, la cual se agravó en el 2019 (ese año el Producto Bruto Interno de la actividad creció por debajo del PBI nacional), y terminó por empeorar con la llegada de la pandemia en el presente año. Si bien el 10 de mayo el gobierno comenzó a flexibilizar sus medidas, las limitaciones de recursos públicos no permitieron que el sector pudiera reactivarse en su totalidad. Para Arze, las principales consecuencias de esta caída son el cierre y posterior desaparición de numerosas empresas privadas del sector, y la pérdida de empleos que esto conlleva.
Según el gerente, existen dos medidas que pueda tomar el sector público para evitar una situación como la que ocurrió en el privado. La primera de estas es cancelar todas las deudas que tengan las administradoras públicas por planillas de avance de obra, lo cual sería un fuerte alivio para la tesorería de las compañías, ya que estas ascienden a más de 2,000 millones de bolivianos (divisa del país).
La segunda medida planteada desde CADECOCRUZ es implementar el Plan Intensivo de Empleo, que se encuentra dentro del Programa Nacional de Reactivación del Empleo, promovido el 24 de junio pasado en el Decreto Supremo 4272. Para Arze, esto permitirá le ejecución de obras con inversión pública y otra gran cantidad de proyectos, incentivando la reactivación del sector construcción y permitiendo sostener los niveles de ocupación.
Sin embargo, el economista Germán Molina señala que, al estar todavía bajo un gobierno de transición que está próximo a concluir, cualquier programa que de generación de empleo y reactivación económica del sector construcción debe ser una tarea que asuma la siguiente cabeza del poder Ejecutivo. En esta situación, Molina recomienda que se dé prioridad al pago de las deudas con empresas constructoras que ejecutaron obra pública, ya que su cancelación se encuentra pendiente desde el 2019.
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Elaborado por: Sociedad de Bienes Raíces Latinoamérica
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